Organizaciones Internacionales pertenecientes a la Iniciativa Bellagio contra la violencia hacia la niñez (Plan International, Child Fund, Aldeas SOS, World Vision y la Federación Internacional terre des hommes), Colectivo 10 por la Educación, Mxporlaniñez, la Red de instituciones por la Juventud y el Desarrollo y y el Fondo de las Naciones Unidads para la infancia (UNICEF) hicieron un llamado al nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador para establecer la centralidad de políticas publicas e inversión en la infancia y garantizar los derechos de los niños y jóvens del país que representan un 53% de la población y son los mas afectados por la pobreza, las violencias y la falta de oportunidades. El secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes – SIPINNA alertó sobre la violencia contra la niñez pues diariamente son asesinados 3 niños en México. 63% ha sido víctima de castigo físico, acoso escolar, violencia familiar o comunitaria.
A través de un comunicado llamaron al gobierno a formular una agenda mínima de propuestas destinadas a atender a los mas de 21.4 millones de NNAJ y a instalar una mesa de diálogo para que puedan aportar sus conocimientos en los puntos que proponen:
1. Restituir su nivel al SIPINNA, fortalecerlo en personal y recursos, y rediseñar el Instituto Mexicano de la Juventud – IMJUVE con atribuciones rectoras.
2. Desconcentrar y profesionalizar las Procuradurías de Protección, para desprenderlas del esquema asistencialista del DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia) y para que cumplan su papel con diligencia y celeridad, con la misma prioridad que se da a los derechos al desarrollo como salud o educación.
3. Definir una distribución justa y adecuada en el Presupuesto, comenzando en el que se ejercerá en 2019, evitando duplicidades, ineficiencias, precisando los objetivos de los programas y la evaluación sólida de logros.
4. Asegurar el interés superior de la niñez, que marca la Constitución, para que la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, institucionales y especiales, así como el Programa Nacional de Protección de las NNA que mandata la ley se realicen con la participación de la niñez y juventud, así como de las organizaciones defensoras de sus derechos.
5. Favorecer la participación permanente; además de darse en la planeación, como se señaló en el punto anterior, debe garantizarse que ellas y ellos participen, que su voz sea escuchada en todo lo que les concierne, como señalan la Constitución y las leyes, en las instituciones que les brindan servicios, desde escuelas hasta hospitales, y en todos los programas que los tenga como destinatarios. Igualmente, la administración entrante debe mostrar su diferencia del pasado en un cambio que supere el ambiente hostil y las restricciones de sustentabilidad fiscal con las que se ha limitado su actuación, a pesar de ser un aliado imprescindible a las tareas del Estado, como muestra su trayectoria de promoción y protección de derechos, prestación de servicios para poblaciones excluidas y realización de investigación y análisis para mejores políticas públicas.
6. Impulsar la armonización y concreción del marco normativo; hace falta que el Ejecutivo ponga voluntad política para propiciar una ley de derechos de las personas jóvenes, para acabar de cerrar el proceso de armonización entre la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes – LGDNNA y las demás leyes que aún contravienen lo estipulado en ella, en los campos de salud, educación, asistencia, en los códigos civiles, penales y familiares etc.
