Hace mucho tiempo la multinacional minera Anglogold Ashanti (AGA) intenta establecer procesos mineros en Jericó, suroeste antioqueño de Colombia. Pero las comunidades campesinas defienden con decisión la vocación agropecuaria y turística que les ha permitido vivir con dignidad y alegría. La región de Jericó se dedica a la agricultura y al turismo y corresponde a una zona de gran importancia en la conservación del patrimonio natural e hídrico regional que quedaría devastada social, económica y ambientalmente por el procesamiento de toneladas de rocas extraídas de las montañas cuyas aguas surten los acueductos veredales de corregimientos y veredas de los municipios de Jericó y Támesis, para obtener cobre, oro y plata, metales que serán en su totalidad exportados en beneficio del gran capital internacional.
A finales del mes de enero, en el área rural de Jericó hervía una discusión que ajusta años: pese a que está vigente un acuerdo del concejo municipal que prohíbe la minería en el territorio, la multinacional Anglogold Ashanti ha seguido explorando con taladros que sacan muestras de tierra. La molestia de los campesinos fue tan grande que llegaron hasta la plataforma para protestar, donde permanecieron por más de dos días.
Dado el problema, que reunía a estos 40 campesinos en una finca desde donde AGA ha hecho exploraciones por meses, el alcalde de Jericó, Jorge Pérez Hernández, decidió sacar de su territorio a la multinacional por medio de un “Acta de imposición de medida preventiva de suspensión de actividades mineras en jurisdicción del municipio de Jericó”, en un acto sin precedentes en el país y que hace valer la voz del territorio después de que la Corte Constitucional desconociera la validez de las consultas populares en el país, mas no de los acuerdos expedidos por los concejos.
En el acta, el alcalde cita los artículos 80 y 315 de la Constitución Política, donde se aclara que los municipios pueden decidir sobre las vocaciones productivas de sus territorios y no solo el Gobierno nacional, y del papel que tiene el alcalde para hacer cumplir dichas ordenanzas. Además, se vale del Acuerdo 010 de 2018, con el que el Concejo del pueblo decidió declarar el municipio como libre de minería.