SANCIÓN A EMPRESAS MINERAS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REASENTAMIENTOS A COMUNIDADES DEL CESAR, ENTRE ELLAS EL HATILLO.
El pasado mes de Diciembre, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA (de Colombia) emitió una resolución sancionatoria a 4 empresas mineras que desarrollan proyectos de alto impacto en la región del Cesar. Allí se destaca el incumplimiento por parte de las empresas mineras: Drummond, Prodeco, Colombian Natural Resources y CNR – Sucursal Colombia en cuanto al incumplimiento del proceso de reasentamiento de las comunidades.
La resolución No. 01590 del 11 de diciembre de 2017 impone una sanción ambiental y adopta otras determinaciones por la problemática ambiental que enfrentan estas comunidades.
En video realizado por la productora Contravía y apoyado por terre des hommes Alemania de Noviembre pasado se había anunciado esta sanción por parte de la ANLA.
La resolución plantea:
”… así las cosas, una vez analizados técnica y jurídicamente los descargos presentados dentro del término de ley por las investigadas, así como las pruebas decretadas de oficio y a solicitud de parte en la presente investigación sancionatoria ambiental, es claro que no lograron desvirtuar el incumplimiento censurado ni la presunción de culpabilidad de que trata la ley 1333 de 2009; por tal razón, resulta procedente declarar responsables ambientales” a las mencionadas empresas. “Por la infracción ambiental del artículo primero de la resolución 970 del 20 de mayo de 2010, modificada por la resolución 1525 del 05 de agosto de 2010, recogida en el cargo único formulado mediante auto 2205 del 19 de julio de 2013, de conformidad con la motivación del presente acto administrativo”.
Recordemos que desde hace más de 7 años las empresas deben realizar un plan de reasentamientos con algunas de estas comunidades, sin que hasta el momento se cuente con un Plan de Reasentamiento (PAR) refrendado por las comunidades. Por ello, la sanción plantea que “es evidente que la sociedad minera no cumplió con los términos concedidos en los actos administrativos, y que además con la conducta adoptada se modificaron los términos impuestos por una disposición ambiental afectando claramente el cumplimiento de unas actividades determinantes de una obligación de resultado.”
La sanción implica pagos de más de un millón de Euros y otras disposiciones.
Recordemos que la comunidad El Hatillo (con un 60% de población infantil), al sur del departamento del Cesar junto a otras comunidades, llevan varios años sin que se resuelva adecuadamente su reubicación por los graves problemas ambientales que genera la explotación carbonífera a pocos metros de sus viviendas. El pasado mes de diciembre se cerraron las negociaciones y media la formalización de estos acuerdos.
