Durante esta semana el gobierno nacional y las empresas mineras están realizando una gira en Europa la cual han llamado “Carbón, Paz y Desarrollo”. Desde el ministerio de minas y las agencias del sector se han propuesto mostrar a los compradores de carbón y a sus gobiernos porqué la minería que se hace en Colombia es una “minería bien hecha”. Además, la gira va más allá y es seguir presentando las prácticas mineras y las actuaciones de las empresas como ejemplo en la protección y cumplimiento de los derechos humanos. No es casual que la consejera presidencial para los derechos humanos haga parte de la delegación. Para completar, la institucionalidad se presenta internacionalmente hombro a hombro con las empresas y las asociaciones del sector quienes también han sostenido su impoluto compromiso con las comunidades y el “desarrollo” del país. Este cuadro al parecer armonioso, deja por fuera actores y voces que como siempre son silenciadas e invisibilizadas por la eterna y ya antigua connivencia entre gobiernos y las empresas extractivas en América Latina.
La minería de carbón a cielo abierto en Colombia ha causado un sin número de conflictos sociales, ambientales y económicos en las regiones del Caribe. Con más de 30 años de extracción de carbón estas regiones son unas de las más pobres de nuestro país, con una precaria infraestructura educativa, sanitaria y educativa, además con altísimos índices de necesidades insatisfechas. Así que nos preguntamos y le preguntamos al gobierno nacional, ¿cuál es el “desarrollo” que la minería produce en estas regiones? A ciencia cierta, es un desarrollo para las empresas y para las arcas de los agentes privados y no para las comunidades quienes entienden su bienestar más allá del paradigma de las falsas soluciones del desarrollo neoliberal.
Además, la minería de carbón a gran escala en Colombia difícilmente es un sinónimo de paz, y al ser un detonante de múltiples conflictos sociales en las zonas donde se ubica, se aleja de ser un sector que promueva la construcción de la misma. Por el contrario, paz sería reconocer las formas de vida ancestral de las comunidades, propiciar la participación autónoma y real de las mismas, exaltar la vida de quienes hacen parte de este país multicultural, cerrar las minas que han producido desplazamientos forzados, muertes humanas y no humanas, acaparamiento y contaminación de ríos y lo que llamamos “victimas” del desarrollo, quienes han tenido que sufrir en sus cuerpos, en sus culturas y en sus territorio pérdidas irreparables para su vida.
Así mismo, los territorios afectados por la minería de carbón a gran escala en nuestro país han sido escenarios de violación de derechos humanos por parte de empresas que han alimentado económicamente el aparato de la guerra para el asesinato de defensoras y defensores del territorio y de sindicalistas. El carbón manchado con sangre es un claro ejemplo que la minería de carbón tiene más que ver con la guerra que con la paz.
Mientras el alcalde de Barrancas está acompañando los intereses privados que buscan comerciar con la vida, el agua y la salud de su pueblo, se notificó el 24 de octubre de 2017 el fallo de la tutela al derecho fundamental y constitucional al acceso al agua potable, la cual debe ser suministrada de manera inmediata.
Podríamos extendernos en listar las denuncias que en departamentos como el Cesar y la Guajira existen frente a las implicaciones de la expansión minera, la cual además se realiza a espaldas de la gente, con evidentes falencias en aspectos como el acceso a la información, la participación y la justicia.
Las organizaciones aquí firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación e indignación por la actuación del gobierno colombiano, el cual parece olvidar su rol como garante de derechos, obviando la realidad de los territorios y las comunidades aledañas a estos proyectos, presenta la minería, las empresas y sus prácticas como parte de los horizontes para la construcción de la paz.