El 25 de junio de 2018, Steve Martin Cuthbert, miembro del pueblo indígena purayapti de tasbapounie; Rupert Allen Clair Duncan, miembro de la etnia kriol, presidente del gobierno comunal del punto mono, y miembro de la rama – El Gobierno territorial de kriol (GTR-K); Santiago Emmanuel Thomas, miembro del pueblo indígena rama y miembro del gtr-K; y Nora Newball, COORDINADOR DEL GOBIERNO COMUNAL BLUEFIELDS CRIOLLO (gccb) fueron notificados que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha abierto el caso no. 13.615 debido a que el estado de Nicaragua no ha presentado una respuesta a su petición contra el gran canal interoceánico de Nicaragua (gcin). Además, la cidh se está poniendo a disposición de ambas partes con el objetivo, de ser posible, de llegar a una solución amistosa.
El caso tiene sus orígenes en la presentación del presidente Daniel Ortega del proyecto de ley que se convirtió en la ley 840, que concede una concesión para el gcin a la inversión en desarrollo del canal de Nicaragua de Hong Kong., LIMITED (hknd), sin una oferta, sin la consulta necesaria y, por lo tanto, sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y afrodescendientes, aunque el 52 % de la ruta prevista del gcin pasa a través de territorios que son los bienes históricos y tradicionales de estos pueblos Situado en la región autónoma de la costa del Caribe Meridional (CCR).
El Estado de Nicaragua emitió un título para el territorio rama-Kriol en 2009; sin embargo, la autoridad del gran canal tiene la intención de usurpar ese título en el corazón del territorio rama-Kriol (263 km2), un área en la que estos pueblos Depende de su subsistencia. Esto se llevaría a cabo mediante el denominado acuerdo de consentimiento libre, previo e informado para la ejecución del proyecto de desarrollo del gran canal de Nicaragua, que establece la duración del arrendamiento como perpetuo o ” indefinido,” Lo cual, en efecto, es una usurpación disfrazada. Además, el acuerdo se obtuvo bajo amenazas, coacción y cooptación de las autoridades gtr-K, socavando la autonomía y la libre determinación de estos pueblos debido a, entre otras cuestiones, la falta de “buena fe” que los estados deben observar en tales Procesos de acuerdo con el convenio n º 169. DE LA OIT
Además, el 29 de octubre de 2016, el presidente Daniel Ortega entregó un título ilegal a un gobierno comunal paralelo que reclama la autoridad del gccb y compuesto por miembros del partido gobernante de Nicaragua. Ese título abarcaba menos del 7 % del territorio reclamado por la comunidad indígena criolla negra de bluefields (cncib), que entonces estaba en el proceso de concesión de títulos de propiedad de su territorio tradicional conforme a la ley 445. A través de la creación del gobierno paralelo , el partido gobernante: 1) debilita las instituciones tradicionales del cncib mientras desarrolla un título que viola el debido proceso legal y deja fuera el 93 % de las tierras reclamadas por el cncib con el fin de permitir la ruta gcin, evitando así una consulta El proceso con el cncib en la ruta gcin; y 2) permite la usurpación de la posición del representante criollo debidamente elegido en la Comisión Nacional de demarcación y titulación (conadeti) para que los miembros del gobierno paralelo puedan participar en el proceso De establecer el título ilegal por sólo el 7 % del territorio reclamado.
Los miembros de estos pueblos indígenas y afrodescendientes presentaron el caso ante la cidh en 2014 y, entre entonces y 2016, presentaron 16 recursos de amparo ante el Tribunal Supremo de justicia de Nicaragua (CSJ), institución encargada de garantizar el ser humano Derechos y libertades fundamentales a todos los ciudadanos en virtud de la constitución política de la República de Nicaragua. Sin embargo, las congregaciones todavía no han respondido a varios de esos mandamientos, y en los casos que ha decidido, ha decidido en contra de estos pueblos, en varios casos interpretar incorrectamente los hechos y normas e incluso decidir explícitamente el caso contrario a la ley.
Los peticionarios esperan que el estado de Nicaragua refleje y aproveche esta oportunidad para responder a la Comisión Interamericana de derechos humanos, de conformidad con las leyes nacionales, la constitución y las leyes internacionales que promueven y protegen los derechos humanos de esos pueblos.